lunes, 14 de septiembre de 2009

GRAVE ATENTADO A LA DEMOCRACIA EN CHILE: DIPUTADOS DE DERECHA Y DC APRUEBAN LEY CONTRA MANIFESTACIONES SOCIALES

En lo que podría denominarse la versión II de la Ley Maldita, la Cámara de Diputados aprobó hoy a petición del Gobierno, un proyecto contra las manifestaciones sociales La Sala de la Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley del Ejecutivo (Boletín 4832) que, entre otras materias, penaliza con 3 años de cárcel a quienes provoquen desmanes con sus rostros cubiertos y presume responsables de las manifestaciones "a quienes hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse". La votación fue de 42 votos a favor y 29 en contra. El texto retornará al Senado, a tercer trámite, luego de que la Cámara le introdujera modificaciones.
Tras la votación, diputados socialistas, PPD y radicales, anunciaron en la Sala que recurrirán a la Corte Interamericana de Justicia porque el articulo 4, que presume responsables de los desmanes a los convocantes de una manifestación, contraviene las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
El texto legal, que suscitó un extenso debate en la sesión de Sala de este jueves, formó parte de la llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana contra la delincuencia, consensuada entre el gobierno y la oposición.
En su transcurso, algunos parlamentarios oficialistas pidieron el retiro del artículo 4 del proyecto. Encapuchados El texto modifica el Código Penal para indicar que quien cometa un delito con el rostro cubierto, será castigado con una pena de reclusión menor en su grado medio (541 días a 3 años) y una multa de 4 a 8 UTM ($ 146.580 a $ 293.160).
El proyecto hace solidariamente responsables a los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública a realizarse en plazas, calles u otros lugares de uso público, de los daños que los participantes causen, a menos que hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlos.
La iniciativa agrega que los participantes en reuniones o manifestaciones públicas que causen daños a la propiedad pública o privada, deberán responder civil y penalmente de ellos. En los casos que los daños sean causados por menores de edad, sus representantes legales deberán responder civilmente.
Presunciones El proyecto señala que, al no haber convocantes oficiales “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".
Ley de Seguridad Interior del Estado, La iniciativa legal modifica esta normativa para incluir entre las autoridades que pueden ser objeto de atentados constitutivos de delitos en contra de la seguridad interior del Estado, no sólo al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores, Diputados, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la República, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y General Director de Carabineros, sino que también a los Ministros del Tribunal Constitucional, al Fiscal Nacional y a los fiscales regionales del Ministerio Público, al Director Nacional de la Policía de Investigaciones y al Director General de Gendarmería.
Código Penal, Entre los cambios al CP se indica que el Intendente de la Región Metropolitana ha tenido y tiene todas las atribuciones que dichas normas señalan respecto de la provincia de Santiago.

FUENTE: www.sindicatos.cl

lunes, 7 de septiembre de 2009

LOS TRABAJADORES NO SON PROPIEDAD DEL JEFE

Dirigentes de la Coordinadora Sindical se hicieron presentes el viernes 04 en la sede de Viña del Mar con el objetivo de encabezar la asamblea ordinaria y reconocer en terreno las denuncias por parte de los trabajadores de presiones indebidas y hostigamientos de las jefaturas y sus mandos medios.
Lamentablemente y pese a la creciente cultura sindical que se despliega por todas la sedes de U. de las Américas aún existen, y no pocas, situaciones de excesos y faltas procedimentales graves por parte de funcionarios cuyos comportamientos no están a la altura de una relación laboral de compromiso pero también de observancia con la legalidad y la ética; Además, y como organización de trabajadores estamos en permanente atención, debe establecerse con ímpetu una cultura laboral en la cual el trabajador conoza, reconozca sus derechos y los invoque cuando de un abuso se trata. Es imperativo trabajar a hacia ese objetivo.
Con particular incidencia la sede de Viña del Mar asoma como una repartición donde las jefaturas parecen entender la relación laboral como una apoderamiento de la voluntad del trabajador, cuyo trabajo se sujeta reglas subjetivas y a la discrecionalidad del jefe con ninguna o casi ninguna sintonía con la normativa laboral.
Precisamente y luego de haber agotado los mecanismos regulares para resolver conflictos, SUDLA presentó una denuncia por Vulneración de Derechos Fundamentales, en el marco de la reforma procesal laboral, la cual en menos de 70 días, en una vista pública y con un juez , resolverá casos que afecten la denominda Ciudadanía en la empresa, concepto que asegura el respeto, trato digno, resguardo a la integridad síquica y física, etc.
Sólo una retroalimentación en confianza, empatías mutuas y educación permitirá desarrollar el ambiente laboral sano que las trabajadoras y trabajadores de este empresa se merecen.

jueves, 3 de septiembre de 2009

¿POR QUÉ NO SE HA ENTERADO DE LA REFORMA?

Nuestro país y sus trabajadores desde la implementación del Plan Laboral creado por José Piñera (hermano del candidato empresario), ministro de la dictadura, ha sido sometido al abuso desalmado por parte de la patronal.
En efecto, facilitado por la normativa legal del Código del Trabajo que desmanteló los sindicatos, el poder empresarial se situó sin contrapesos en la sociedad y colocó en un plano de desigualdad enorme la relación empleado-patrón, con consecuencias perfectamente visibles, como la pésima distribución del ingreso, la ausencia de interlocución eficiente entre trabajadores y empresa, el miedo a la denuncia, inoperancia en las condiciones de seguridad, el chantaje del empleo, elementos inconcebibles para una sociedad que apunta al progreso, pero sí identificables para la estrategia de un sector minoritario, pero hegemónico que construye, en complicidad con la inanición de la mayorías, un entramado institucional, que perpetúe sus privilegios sin entredichos.
Además del tejido legal intencionado, los grupos de poder empresarial se sirven de sus medios de comunicación televisivos, radiales, escritos, digitales, etc, para crear con eficientes maniobras comunicacionales patrones de conducta que anulen la conciencia crítica, el juicio al entorno y obstaculicen la asociación de la causalidad y su efecto.
Este laboratorio de la desinformación pretende encubrirse en su mismo instrumental y en su gigantesca operatividad, sin embargo con ejemplos sencillos es fácil comprender su lógica y de donde provienen sus sostenedeores.
El 31/08 comenzó a regir en Santiago la reforma procesal laboral, concluyendo un itinerario que comenzó hace meses en las otras regiones del país, pues bien, de ello ni una palabra, ni un análisis, ningún debate, ocultamiento total y recién el lunes 31 los noticieros descubrieron esta trascendente noticia, 20 segundos y una analista desmayada en la señal privativa del supuesto canal nacional, permitieron a la prensa satisfacer la vocación informativa de sus obedientes editores, la saciedad total sin embargo, con el menú de siempre, la crónica insulsa, el choclo mutante y la capacidad emprendedora de un productor de aceitunas, un panorama real del acontecer nacional, sencillo, es mas útil impactar con la tontería de moda que informar algo que sacude un cimiento del poder.

Como trabajadores y mayoría, la reforma es un acontecer esperanzador que viene en parte a hacer justicia a tantos años de chantajes; humillaciones; accidentes fatales evitables, invalidez; discriminaciones, acosos y toda una lista de excesos por parte de un empresariado matón y prepotente.
No obstante, este avance, los trabajadores no se pueden fiar, hoy mas que nunca deben crearse mas sindicatos, solidificar las organizaciones existentes galvanizando las redes asociativas, promoviendo la educación y la autocapacitación, sólo así estaremos en condiciones de asegurar los cambios definitivos para crear una sociedad realmente democrática que termine con los engaños y confíe en sus trabajadores como los principales motores del desarrollo y el progreso.
Se requiere cambiar la ley laboral y la Constitución por un carta fundamental que asegure los derechos de las personas, que consagre, por sobre la propiedad, al ciudadano, que se asegure la salud y la educación por sobre el negociado.
El trabajo debe superar su condición de mercancía y el derecho al trabajo su condición de mercado. Esto sólo puede lograrse con la acción de sus principales representantes, los asalariados, nosotros.